Declaración conjunta por la competitividad de Andalucía

Varias calles de la Pañoleta sin alumbrado público

 A petición de vecinos de las calles Saladilla, Pobladores, Mairena del Aljarafe y San Juan de Aznalfarache en la barriada de la Pañoleta, el Partido Popular ha tramitado este escrito en nuestro Ayuntamiento denunciando la falta de alumbrado público que viene sufriendo desde hace varias semanas. Esta administración todavía no lo ha resuelto además de no dar explicaciones a los ciudadanos afectados.

 Según Gisela: "Más de quince días para resolver un problema de alumbrado público es un periodo inaceptable, este tipo de averías son a nuestro modo de ver de prioridad urgente. Cuando el Partido Popular gobierne nos comprometemos a solucionarlos en un plazo máximo de 24 horas y si técnicamente no se puede resolver en ese periodo, informar a los vecinos que estamos trabajando en ello. Lo que es inaceptable es la desinformación y la desidia"

El PSOE de Camas ataca a El Mundo por desvelar la donación de su sede

Gisela reclama una línea que conecte la estación del Cercanías con el casco urbano

 El Grupo parlamentario popular defenderá una proposición no de Ley en la Cámara andaluza al objeto de que el pleno inste al Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla a implantar un servicio de transporte de autobuses interurbanos que conecte las estaciones de la nueva línea de trenes de Cercanías C-5, destinada a enlazar la capital de la provincia con Benacazón a través de varios municipio aljarafeños, con los cascos urbanos de las localidades en cuestión. La proposición no de Ley, igualmente, insta a que la inauguración oficial de la línea C-5 coincida con la entrada en servicio de estas conexiones por autobús.

  El portavoz parlamentario de Infraestructuras del PP, Jaime Raynaud, ha protagonizado este viernes una rueda de prensa acompañado de dirigentes y candidatos y candidatas del PP a las Alcaldías de los municipios implicados en la línea de Cercanías C-5; Camas, Valencina de la Concepción, Salteras, Santiponce, Olivares, Villanueva del Ariscal y Benacazón.

  Mientras el Ministerio de Fomento espera inaugurar la infraestructura el próximo 27 de marzo, Raynaud ha advertido de los "verdaderos problemas de conexión" que la mayoría de los vecinos de estos municipios afrontan para acceder a las estaciones de la nueva línea de trenes, pues "salvando Sanlúcar la Mayor", donde la estación de tren se alza "en el propio casco urbano, en el resto de municipios los apeaderos y andenes distan del núcleo urbano.

DISTANCIAS CONCRETAS

  Raynaud ha detallado que en el caso de Camas, la estación dista 1,5 kilómetros del límite del casco urbano, aspecto que se eleva a 1,7 kilómetros en el caso de Santiponce y 1,6 kilómetros en el caso de Valencina de la Concepción, por ejemplo. Tal situación, según Raynaud, constituye un obstáculo o una "traba" para que la nueva línea de Cercanías funcione "como un verdadero medio de transporte", lo que ha motivado que el PP haya elevado a la Cámara andaluza una proposición no de Ley para que el pleno del Hemiciclo autonómico inste al Consorcio de Transporte Metropolitano de Sevilla a crear una línea de autobuses que enlace los cascos urbanos de los municipios en cuestión con las estaciones.

  La misma proposición no de Ley, facilitada por el PP, contempla además que la "inauguración oficial" de la nueva conexión de Cercanías coincida en la entrada en servicio de esta línea de autobuses para que la nueva línea ferroviaria no comience su andadura "con una dinámica negativa". Los dirigentes del PP, igualmente, elevarán mociones en el mismo sentido a los plenos de los ayuntamientos cuyos municipios están involucrados en el proyecto.

  Igualmente, Raynaud ha advertido de las "serias dudas" que los populares tienen en cuanto a que la "fecha oficial" de la inauguración del Cercanías del Aljarafe coincida con su "fecha oficial" de la puesta en servicio. "No vamos a tolerar que para hacerse la fotografía, no coincida la inauguración con el momento en el que, de verdad, estén los trenes funcionando", ha aseverado el diputado popular.

El Partido Popular presenta una querella contra 26 personas relacionadas con los ERE

El PP acusa a 26 personas por malversación, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude y falsedades en documentos públicos

Presenta querella contra Antonio Fernández, los ex directores generales de Trabajo y el actual director general, intermediarios y beneficiarios irregulares

Sitúa el origen de los hechos en la creación de un sistema para otorgar subvenciones excepcionales evitando los procedimientos administrativos legalmente establecidos y los controles

Destaca que se han detectado diferencias de al menos 170.087.451euros entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo y las incluidas en los PAIF

Recoge tanto la inexistencia de informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía como la evidencia de que no se ha producido la publicidad

Se refiere a la nulidad de la subvenciones otorgadas, de acuerdo con la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común

Incluye las subvenciones arbitrarias y discrecionales a empresas de destacados militantes socialistas y Ayuntamientos gobernados por el PSOE

Solicita la declaración en calidad de testigos de los interventores y del ex consejero Francisco Vallejo

El Partido Popular andaluz presentó hoy una querella que, inicialmente, acusa a 26 personas, entre los que figuran ex altos cargos y altos cargos de la Junta de Andalucía, intermediarios y beneficiarios de pólizas irregulares relacionadas con expedientes de regulación de empleo. El PP andaluz considera en su querella que pueden haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada, fraude en las subvenciones y en la contratación administrativa y falsedades en documentos públicos y mercantiles.

La querella se presenta contra el consejero de Empleo Antonio Fernández, los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Manuel Jesús Regidor y el actual director general del Trabajo y Seguridad Social, Daniel Alberto Rivera, y el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas. También figuran como querellados Juan Lanzas, comercial de Estudio Jurídico Villasís en el momento de los hechos, Antonio José Albarracín, director general de Vitalia, Jesús María Bordallo, responsable en Sevilla de Vitalia, Francisco José González comercial de Vitalia y José González Mata, administrador de Uniter S.L. e Ingotor Seguros S.L.

Asimismo, la querella se dirige contra María del Carmen Fontela, José Acevedo López, José Antonio Márquez Sánchez, José Antonio García Prieto, Juan Manuel López Espadas, Ricardo Medina Barrios, Patrocinio Sierra García, María José Martínez Elvira, Nieves Ruiz Pérez, Rafael Rosendo Villavieja, Alejandro Millán Torres, Juan Antonio Rodríguez Cordobés, Victorina Madrid Pisabarro, Rafael Rodríguez Fuentes y Antonio González Pérez, al aparecer beneficiarios en pólizas de seguros de rentas financiada por la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, con cargo al programa 3.1.L. de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía y contratadas para los ex trabajadores de distintas empresas en las que nunca han trabajado. Por último, la querella de dirige también contra todos aquellos que pudieran resultar implicados en los hechos como resultado de la investigación que se realice por el Juzgado.

La querella sitúa el origen de los hechos en el convenio entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). En este sentido, señala que "al objeto de solventar los problemas de legalidad de las subvenciones concedidas a empresas....se ideó un sistema por el que seguir otorgando las subvenciones excepcionales a empresas en crisis o en proceso de reestructuración, evitando los procedimientos administrativos legalmente establecidos para el otorgamiento de las mismas y los controles de fiscalización previos que había de realizar la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Este convenio se suscribió el 17 de julio de 2001 por el entonces Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, y el Presidente del entonces Instituto de Fomento de Andalucía, Antonio Fernández García, en su condición de viceconsejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico. El plazo de duración del convenio se fija hasta el 31 de diciembre de 2003 y a pesar de ello el IFA-IDEA ha seguido haciendo frente a las obligaciones derivadas de los compromisos adquiridos hasta la fecha.

La querella sostiene que para la financiación de este sistema, los presupuestos de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, de 2001 a 2009 incluyen partidas presupuestarias con la denominación de transferencias de financiación de explotación al IFA-IDEA, dentro del programa 31L u otros equivalentes. El volumen total de fondos transferidos desde 2000 hasta 2010 asciende a 647.869.157,45 euros.

Explica asimismo que "las transferencias de financiación son aquellas aportaciones dinerarias entre la Administración de la Junta de Andalucía y otras Administraciones Públicas o Entes Públicos que se destinen a financiar globalmente la actividad del ente receptor de la transferencia, sin contrapartida directa de éste y no resulten de una convocatoria pública. No obstante, anualmente y en cumplimiento del convenio marco y de los convenios particulares, se ejecutaban estas partidas presupuestarias para la concesión de subvenciones de todo tipo"

Así, la querella recoge que "realizadas las transferencias de financiación al IFA-IDEA, este organismo de acuerdo con la Dirección General de Trabajo ha venido pagando subvenciones para el pago de primas de pólizas de seguros mediante las que se aseguraban las rentas de los trabajadores acogidos, o no, a expedientes de regulación de empleo hasta su edad de jubilación, subvenciones a ayuntamientos, subvenciones a empresas y subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, sin que se haya seguido procedimiento administrativo alguno".

Agrega que "el IFA-IDEA ha materializado pagos y la Junta de Andalucía ha concedido subvenciones públicas contraviniendo los procedimientos recogidos en la Ley General de Hacienda Pública y habilitados para dichos fines e incumpliendo los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación en el otorgamiento de subvenciones".

La querella del Partido Popular andaluz hace asimismo un análisis del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, su liquidación, los programas de actuación, inversión y financiación del IFA-IDEA y sus cuentas anuales en relación con el programa 3.1.L. De este análisis deduce que "las transferencias recibidas han sido tratadas por el IFA en los PAIF como si fueran propiamente transferencias corrientes y no como una intermediaria en virtud de los convenios suscritos" y que "el IFA-IDEA falsea la aplicación de las transferencias en el documento y de esa manera oculta la verdadera aplicación, y no pone de manifiesto la irregularidad del tratamiento".

También se destaca que "se han detectado importantes diferencias entre las cuantías reflejadas en la liquidación del presupuesto de la Consejería de Empleo y las incluidas en los PAIF. El total asciende al menos a 170.087.451euros".

Por otro lado, la querella alude a la imposibilidad de distribuir subvenciones excepcionales a través de entidades colaboradoras, según la Instrucción 5/1997 de la Intervención General de la Junta de Andalucía que señala que de acuerdo con el artículo 106 de la Ley General de Hacienda Pública, la entrega y distribución de fondos públicos a los beneficiarios, a través de una entidad colaboradora, se efectuará dentro del contexto de unas bases o normas reguladoras de las subvenciones o ayudas, por lo que dicha entrega no podrá realizarse a través de subvenciones con carácter excepcional, ni tramitarse estas últimas a través de dichas entidades colaboradoras. Agrega el escrito que "en todo caso y pese a lo anterior, de utilizarse la entidad colaboradora para la distribución de fondos de subvenciones excepcionales, sería necesaria una fiscalización previa que nunca se ha producido".

También se recoge tanto la inexistencia de informes del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía como la evidencia de que no se ha producido la publicidad respecto de ninguna de las subvenciones concedidas por el Director General de Trabajo y Seguridad Social con cargo al programa 3.1.L.

Otro aspecto referido en la querella es la nulidad de la subvenciones otorgadas, puesto que "de acuerdo con el artículo 62 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y a teniendo en cuenta lo anterior los actos del Director de Trabajo y Seguridad Social mediante los que se han otorgado las subvenciones son nulos de pleno derecho, por haberse dictado prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, por haberse dictado por órgano administrativo manifiestamente incompetente y por ser constitutivos de delito".

La querella incluye también otras subvenciones con cargo al programa 3.1.L. de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, otorgadas "de manera arbitraria y totalmente discrecional a empresas dirigidas por destacados militantes socialistas y Ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista Obrero Español, sin que esos actos administrativos de concesión hayan sido resultado de un procedimiento administrativo para el otorgamiento de Subvenciones".

Por último, el escrito solicita la declaración en calidad de testigos de Manuel Gómez Martínez, Interventor General de la Junta de Andalucía en el momento de los hechos, a Ignacio García Revilla, Interventor delegado de Control Financiero Permanente de las Empresas Públicas en el momento de los hechos y a Francisco Vallejo Serrano, Ex consejero de Innovación Ciencia y Empresa y ex presidente de la Agencia de Innovación y desarrollo de Andalucía en el año 2005 y posteriores.