La juez Alaya impone fianzas a exmiembros del PSOE de Camas

A la misma hora que Rafa Nadal intercambiaba golpes imposibles en el estadio Olímpico de Sevilla para darle la primera victoria a España en la Copa Davis, la juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, citó en el juzgado a las partes personadas en el caso de las falsas prejubilaciones pagadas con fondos de la Junta para notificarles de una tacada tres nuevos autos.

Con su particular «drive», que en nada desmerece a los derechazos del manacorí, la magistrada puso otra vez la pelota en la cancha del Gobierno andaluz y de sus altos cargos, a los que responsabiliza de la «autorización y conocimiento» de las ayudas ilícitas y del uso con fines partidistas de las mismas. Es la misma tesis que viene repitiendo como un eco el PP-A, cuyo presidente, Javier Arenas, incluso llegó a insinuar una posible financiación ilegal del PSOE, negada de forma tajante por este partido. Alaya no llega tan lejos, al menos de momento, pero pone de relieve que los beneficiados en su mayoría pertenecían al «círculo próximo del PSOE».

La juez también «pega» un golpe de revés al caso adoptando las primeras medidas para que se devuelva el dinero ilícitamente cobrado, que la Junta estimó en casi 10 millones de euros. En este empeño, impone fianzas que suman 4.797.561 euros a 16 de los imputados, de los cuales quince son intrusos beneficiados por pólizas subvencionadas al figurar en ERE de empresas donde nunca trabajaron. Deberán ingresar el dinero antes de diez días. De lo contrario, sus bienes serán embargados. La cuantía fijada es muy superior a los 2,85 millones que solicitó la Fiscalía Anticorrupción para 14 de los que ha desfilado ya por su despacho para declarar.

Estas medidas cautelares responden, según explicó en el más voluminoso de los autos, de 37 páginas, a una «decidida» finalidad: «la devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público con la autorización y conocimiento de altos cargos de la Junta» y con la mediación de «muy distintos personajes», que abarcan desde empresarios, sindicalistas, asesores y aseguradoras. «Todo ello —subraya— para favorecer a amigos, familiares y, en definitiva, círculos próximos del PSOE».

Insiste en la «pirámide»

En su nueva resolución, la juez insiste en la tesis —que ya planteó— de que el caso está en la base de la pirámide y conforme avance la instrucción irá escalando peldaños en el escalafón de la Junta con alguna imputación quizás más comprometedora para el Ejecutivo de José Antonio Griñán, que en cuatro meses se enfrenta a unas elecciones autonómicas. «Puede recibirse declaración a actores de posiciones más relevantes en esta compleja trama, y con una capacidad de influencia y de decisión mayor», advierte. En tal caso las fianzas serían superiores a las fijadas para los intrusos como beneficiarios de pólizas «presuntamente con pleno conocimiento de su ilicitud».

Avanza que «se extenderán no sólo a la devolución en su caso de las cantidades por ellos percibidas, sino a las que por su actuación hayan percibido ilegítimamente otros». Estas medidas persiguen —recalca— «el reintegro de la mayor parte de las enormes sumas de dinero que presuntamente “se regalaron”—las comillas son suyas— arbitrariamente y sin control alguno por parte de la Administración autonómica.

 

Impone fianzas que suman más de 4,7 millones a 16 imputados e insiste en que citará a «actores de posiciones más relevantes en esta trama»

A la juez no le ha temblado el pulso a la hora de poner las fianzas. La más cuantiosa asciende a 1.990.689 euros y corresponde a Carmen García Sánchez, dueña del restaurante Río Grande, que, sin pedir las ayudas sociolaborales, tramitó supuestamente un ERE donde «admitió la inclusión de una señora, Carmen Fontela —que deberá devolver 101.079 euros—» y contrató a otra a punto de jubilarse con igual fin. Para Alaya, intentó «enriquecerse» con fondos públicos. La suegra del exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero, se enfrenta a otra fianza de 258.539 euros por cobrar dos pólizas irregulares. 

Éstas son las fianzas del resto de los imputados: Rafael Ruiz (118.555 euros), Alejandro Millán (432.993), Antonio Arquero (584.976), el exalcalde de El Pedroso Rafael Rosendo (146.770), Rafael Rodríguez y Antonio González (81.900 cada uno), Francisco de Paula (85.800), José Antonio García Prieto (307.086), Ricardo Medina (163.379), José Acevedo (158.148), Juan Manuel López (58.347), Andrés Carrasco (147.524) y, por último, José Antonio Márquez (79.870).

Pide las ampliaciones del fondo por Griñán y el Gobierno habla de «manipulación»

Los nuevos autos ponen en una situación más comprometida al presidente andaluz, José Antonio Griñán. En una de sus resoluciones, Alaya accede a una de las peticiones del PP para investigar las modificaciones presupuestarias firmadas por Griñán en su etapa como consejero de Economía. Estos cambios sirvieron para ampliar la partida 31L de ayudas sociolabores, también denominada «fondo de reptiles». La juez requiere a la Consejería de Empleo o a otras consejerías, especialmente la de Innovación, para que le remita en el plazo de diez días los citados expedientes tramitados desde julio de 2005 por la Consejería de Economía para su aprobación por el Consejo de Gobierno. Recuerda que pese a las advertencias de la Intervención General —que dependía de Griñán—, «se siguió utilizando por Empleo» la misma cuestionada fórmula. El nuevo requerimiento ha indignado a la Junta, que ya recurrió la petición de los préstamos autorizados por Griñán con cargo a la partida 31L. Fuentes autonómicas declararon a Europa Press que el auto viene determinado por «la agenda de manipulación de la justicia» del PP y subrayaron que los cambios presupuestarios contaron con informes favorables de la Intervención. Alaya también pidió al Ministerio de Industria el Plan Único del Gobierno para paliar la crisis en la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla, suscrito en la etapa del PP. Rectifica, pues antes se lo pidió al PP y al exdelegado del Gobierno en Andalucía y alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido. Además, abre una pieza separada por la posible responsabilidad disciplinaria del abogado del exfutbolista «Pizo» Gómez, José María Calero, que fue reprendido por hacer gestos a este imputado durante su declaración judicial.