El ex director de Trabajo dice que la fórmula para conceder dinero se la impusieron los exconsejeros
La Guardia Civil interrogó ayer durante más de seis horas al principal imputado en la trama de los ERE fraudulentos, el que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero. Acompañado por su abogado, Fernando de Pablos, el ex alto cargo declaró por primera vez después de que hace unas semanas su chófer confesase a la Guardia Civil y a dos jueces que parte del dinero de la partida para ayudas sociolaborales, bautizada como «fondo de reptiles», se la gastaban en «cocaína, fiestas y copas».
Guerrero, que había amenazado ya con «tirar de la manta», apuntó directamente a sus superiores en la Consejería de Empleo durante su comparecencia de ayer. Según dijo ante la Benemérita, todas las ayudas otorgadas con cargo a la partida 31-L las consensuó con sus jefes José Antonio Viera, exconsejero de Empleo y actual secretario general delPSOE de Sevilla, y Antonio Fernández, el exconsejero que sucedió a Viera e imputado ya en la trama.
En este sentido, aseguró que nunca adoptó «decisiones unipersonales» y que los exconsejeros de Empleo Viera y Fernández «lo sabían todo». Guerrero, que tuvo como consejeros durante el tiempo que estuvo al frente de la Dirección General a ambos además de a Guillermo Gutiérrez, insistió en que todas las decisiones fueron compartidas con sus superiores y que la fórmula para repartir el dinero público «se la impusieron».
La nueva declaración del ex alto cargo se produce después de que la unidad de la Guardia Civil encargada de la investigación haya entregado a la juez cinco nuevos expedientes de ayudas concedidas a empresas. Entre esa documentación recibida figura la relativa a las empresas Acyco, Calderinox y Río Grande, en las que aparecieron varios intrusos que ya han sido imputados por la juez Alaya.
Tras recibir toda esa documentación nueva, la magistrada ha ordenado interrogarlo para ver si arrojaba más luz sobre el método con el que se otorgaban las ayudas y saber hasta donde puede llegar la implicación de sus superiores. Y para saber si «tiraba de la manta» como anunció su defensa y como parece que ha comenzado a hacer.
La juez también indaga si hubo «enriquecimiento personal» del propio ex director general de Trabajo después de que su chófer confesara que le devolvía parte de las ayudas.
La Junta anunció ayer que ha pedido dos veces a la instructora que interrogara a Francisco Javier Guerrero, la primera el pasado 13 de enero y la segunda el día 20, ambas después de que ABC publicara la declaración del chófer de la cocaína.
Ahora, después de las nuevas confesiones de Guerrero que apuntan hacia arriba no se descarta que la juez dicte un nuevo auto, tome medidas cautelares o incluso ordene el registro del domicilio de Guerrero.
