La asesora técnica de dos directores de Trabajo declaró 13 horas ante la Guardia Civil, que investiga la trama de los ERE
Una funcionaria de la Junta de Andalucía, María José R.V. y que está imputada por la juez Mercedes Alaya, decidió hace un par de semanas romper su silencio y empezar a colaborar con los investigadores del fraude masivo de los los ERE de la Junta. Esta mujer, una asesora técnica que estaba a las órdenes directas del exdirector general de Trabajo, Juan Márquez, y de su sucesor Daniel Alberto Rivera después, es definida por la Guardia Civil en uno de sus informes como «una persona que desempeña un papel importante en la tramitación de las ayudas». La Junta mantiene en el cargo a Rivera tras su imputación en la trama por autorizar pagos a falsos prejubilados.
De hecho, está presente en reuniones importantes, envía correos electrónicos a sus exjefes, ahora imputados, y conoce de primera mano todo lo que estaba sucediendo.
Ante los investigadores implicó a los que fueron sus jefes y aseguró que «todos» en la Consejería de Empleo estaban al tanto de la gestión de las ayudas y que las mismas prácticas continuaron cuando ya se había destapado el caso Mercasevilla, es decir, con la investigación en marcha. Hay que precisar, en cualquier caso, que no se trata de ninguna testigo protegida, figura que no ha sido utilizada a lo largo de esta investigación.
Testigo clave
La declaración ante la Guardia Civil se prolongó trece horas, durante las cuales la testigo no sólo explicó con detalle el funcionamiento de la trama, o los significativos aumentos de precios que sufrían las pólizas con la incorporación de intrusos —en algún caso de hasta un 38 por ciento—, caso del expediente de la empresa Calderinox, sino que también reconoció como auténtica abundante documentación comprometedora, alguna de ella ya incluida en el sumario, como correos electrónicos con instrucciones precisas sobre la forma en que había que hacer los pagos de las pólizas, por ejemplo.
Los investigadores ya habían hablado con ella, pero querían que les confirmara y poner por escrito todo lo que les había anunciado con un alto coste personal. Esta mujer se considera una testigo clave en la investigación porque ocupaba un puesto en el que tenía una visión global de la situación, y de hecho en algún momento hizo preguntas sobre algunas de las irregularidades que veía que se estaban cometiendo. Sin embargo, jamás denunció los hechos y, por tanto, con su actuación permitió que continuara la actividad delictiva, razón por la cual está imputada por la juez Alaya. No obstante, su colaboración con la justicia —aún no ha declarado ante la magistrada—, le permitirá salir mejor parada.
Es importante, asimismo, porque no ostentaba un cargo político y, por tanto, su declaración se supone alejada de fines espurios.
María José R.V. trabajaba en una de las nueve Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedelt) de Huelva, donde era la responsable de ese organismo, también para nueve pueblos, a través del que se canalizaban ayudas para ele Empleo y el desarrollo.
En 2008, cuando Juan Márquez Contreras, de Huelva como ella, sustituyó a Francisco Javier Guerrero al frente de Trabajo, recibió una oferta para que se incorporase al núcleo de sus colaboradores más próximos, puesto que mantuvo tras la salida de Márquez.
«Colas» para declarar
El papel de la testigo se dibuja bien con uno de los casos en los que participó, el que afectó a Calderinox. Según el informe de la Guardia Civil, «desempeña un papel importante». Siendo asesora técnica tiene los datos de los trabajadores de Calderinox y es la persona que trata con (la aseguradora) Uniter y con José González Mata (su responsable, ya imputado).
Esta asesora no es la única dispuesta a colaborar.
En los últimos días, los investigadores tienen «cola» de personas que están al tanto de alguna de las tramas y que se ofrecen a hablar, por ejemplo personal de la aseguradora Vitalia.
Mientras, la Guardia Civil sigue tomando declaraciones a imputados. Ayer le tocó el turno a varios de los relacionados con la trama de la Sierra Norte, una zona que recibió numerosas ayudas de Trabajo, de la mano de sus alcaldes.
